Bolivia habilita importación de gas por decreto

Bolivia da un giro y habilita la importación de gas

Bolivia autorizó por decreto la importación de gas natural y gas natural licuado tras una caída histórica de su producción y en medio de una emergencia energética y social. El Decreto Supremo 5755, aprobado el 26 de octubre de 2026, habilita de manera excepcional a personas y empresas públicas o privadas a comprar gas en el exterior para consumo propio o para generación eléctrica. La norma busca asegurar la continuidad del suministro energético y atender la demanda interna, marcando un cambio de rumbo para un país que fue exportador de gas durante casi dos décadas.

El decreto establece que el gas importado no podrá revenderse, comercializarse ni transferirse a terceros bajo ninguna modalidad. Para realizar compras en el exterior, los importadores deberán registrar ante el regulador, antes del ingreso del gas, los volúmenes, la documentación de calidad y el precio de compra. La disposición también habilita la prestación de servicios de transporte de gas natural licuado, previa obtención de licencia, ampliando las opciones logísticas para el abastecimiento.

Condiciones regulatorias y plazos de implementación

La norma fija que el Ministerio de Hidrocarburos y Energías tendrá hasta 20 días hábiles desde la publicación del decreto para aprobar la reglamentación específica. Posteriormente, el regulador dispondrá de otros 20 días para emitir las disposiciones complementarias necesarias. Hasta que este esquema se ponga en marcha y se concreten contratos y logística, la importación de gas no se considera aún iniciada, pero se establecen las bases para que empresas planifiquen sus estrategias de abastecimiento.

En el segmento de transporte por ductos, el decreto ordena el uso de la capacidad de los gasoductos y define un orden de prioridad para los contratos interrumpibles: primero el mercado interno, seguido por el gas importado para el sector eléctrico, el gas importado para otros consumidores, la exportación y, por último, el tránsito. Este esquema busca garantizar el suministro local aun cuando la infraestructura se utilice también para exportaciones y tránsito internacional.

Impacto en precios y situación de abastecimiento interno

El gobierno resolvió mantener el precio del cilindro de gas en 22,50 bolivianos, equivalente a casi 2 dólares, hasta fin de año, con una evaluación prevista posteriormente. La decisión se produce en un contexto de filas de consumidores en La Paz que buscan comprar cilindros de gas, atribuídas oficialmente a retrasos en la distribución y al contrabando hacia Perú. Pese a las tensiones de corto plazo, se aclara que las termoeléctricas estatales seguirán recibiendo gas de la empresa YPFB por ahora, lo que modera el impacto inmediato sobre tarifas eléctricas y facturas domiciliarias.

Expertos advierten que el problema de fondo es estructural. El exministro Álvaro Ríos calcula que la producción boliviana dejará de cubrir la demanda interna en 2029. La producción de gas del país cayó un 57% en una década por la declinación de campos maduros, por lo que las futuras importaciones cubrirían una parte del consumo y no la totalidad del combustible utilizado.

Perspectivas de largo plazo e integración regional

Mientras la producción caía y no se repusieron reservas al mismo ritmo, Argentina desarrolló el yacimiento Vaca Muerta y amplió su producción de gas. Desde 2025, gas argentino comenzó a cruzar territorio boliviano rumbo a Brasil, utilizando los gasoductos construidos en la etapa exportadora boliviana. Bolivia dispone de una red de más de 1.000 kilómetros de gasoductos operativos y sistemas de compresión, que se presentan como un corredor confiable y seguro para el tránsito regional de gas.

Autoridades y ejecutivos del sector energético destacan que, aunque Bolivia produce menos gas, busca seguir siendo un actor clave como país de tránsito. Expertos señalan que el país puede cobrar por ese tránsito, pero al mismo tiempo debe asegurar su propio abastecimiento mediante el nuevo esquema de importación y una normativa que facilite el transporte internacional de gas. Organizaciones empresariales valoran que el decreto permite planificar inversiones de largo plazo, aunque lo consideran una ayuda parcial frente a la necesidad de fortalecer la producción nacional de energía.